Siete años pasaron desde las primeras advertencias sobre la denominada "maldición del litio" en Catamarca, y las proyecciones más críticas parecen cumplirse con precisión en la Puna. A lo largo de cinco décadas de megaminería, la dinámica extractiva en la región mantiene un patrón predecible: la llegada de grandes corporaciones tras la riqueza salina, la promesa de un desarrollo local acotado a dádivas o trabajos temporales, y la acumulación de pasivos ambientales que heredarán las próximas generaciones.
El centro de esta nueva etapa está marcado por el avance del proyecto Kachi, operado por la compañía australiana Lake Resources a través de su filial Morena del Valle Minerals S.A. La iniciativa contempla una extracción estimada de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio con un 99,5% de pureza y una vida útil superior a los 25 años. La concesión abarca unos 700 kilómetros cuadrados sobre una cuenca de salmuera ubicada en las inmediaciones del volcán Carachipampa, a escasos 15 kilómetros de El Peñón y al pie del Campo de Piedra Pómez. El emplazamiento genera severas dudas por situarse sobre un Área Natural Protegida de extrema fragilidad ecológica y alto valor geológico y turístico.
A la tensión por la preservación ambiental se sumó recientemente un encendido cruce político durante las asambleas públicas realizadas con la comunidad de Antofagasta de la Sierra. La irrupción de la senadora por el departamento Belén, Soledad Blas, reconfiguró el debate al exigir que los beneficios del proyecto se extiendan hacia el norte belicho, puntualmente a las localidades de Laguna Blanca y Villavil, argumentando la continuidad geográfica y ecológica que comparten con la Puna antofagasteña.
Sin embargo, la postura de la legisladora desató la inmediata reacción del intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma. El jefe comunal rechazó la pretensión territorial justo después de que la propia senadora admitiera los posibles riesgos de alteración ecosistémica e impactos ambientales sobre la Reserva de la Biósfera de Laguna Blanca a raíz del tránsito y la operatividad minera. Este contrapunto derivó en un incipiente enfrentamiento político entre ambos departamentos, evidenciando cómo la puja por las regalías y las compensaciones económicas eclipsa la discusión de fondo sobre la sustentabilidad y el cuidado del patrimonio natural.
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