La Cámara de Senadores de la Nación aprobó en general, por 41 votos a favor y 25 en contra, el proyecto de ley de reforma de la Ley de Biocombustibles. La iniciativa, que introduce un nuevo marco regulatorio para la producción, comercialización, mezcla y autoconsumo de estos insumos energéticos, establece un incremento gradual en las alícuotas obligatorias de corte para las naftas y el gasoil, por lo que fue girada formalmente a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo.
El texto normativo dispone que los nuevos porcentajes de corte obligatorio comiencen a regir 12 meses después de la promulgación de la ley. De acuerdo con el articulado sancionado, la proporción de bioetanol pasará del 12% al 15%, fijándose en el inicio que un 6% provenga del procesamiento de la caña de azúcar y otro 6% se elabore a partir del maíz. Por su parte, el porcentaje exigido para el biodiésel registrará una suba desde el 7% actual hasta alcanzar un 10%, medida que generará un impacto directo sobre las cadenas productivas de las economías regionales.
Uno de los ejes centrales del debate parlamentario giró en torno al régimen de transición diseñado para las pequeñas y medianas empresas no integradas. El proyecto ratifica que la cuota de participación de estas pymes se irá reduciendo progresivamente hasta converger en un piso del 4% en el año 2031, el cual se mantendrá hasta 2036. Asimismo, en materia de reglas de comercialización, se incorporaron topes antimonopólicos que impiden que una misma compañía controle más del 20% del volumen total de bioetanol volcado al mercado para el cumplimiento del corte obligatorio.
Durante la discusión en el recinto, la senadora Flavia Royón defendió la propuesta señalando que busca preservar las capacidades operativas instaladas e impulsar un mercado más transparente y abierto a la innovación tecnológica. En esa misma línea, el senador por Catamarca, Flavio Fama (UCR), acompañó el proyecto al considerar que introduce un esquema de apertura comercial que redundará en mayor competitividad y en probables reducciones de precios para el consumidor final. A su vez, Patricia Bullrich remarcó que las cláusulas del texto otorgan previsibilidad temporal a la industria para su reconversión. Por el contrario, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, manifestó reservas respecto a las consecuencias que el nuevo marco podría ocasionar sobre las fuentes laborales e industrias de diversas provincias.
Tras la aprobación en el Senado, la iniciativa quedó formalmente bajo el análisis de la Cámara de Diputados. El cuerpo bajo tendrá la potestad de convertir en ley el proyecto sin modificaciones, aplicar cambios que obliguen a una segunda revisión en la Cámara de Origen o resolver su rechazo en el recinto.
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