Un nuevo y tenso episodio sumó una instancia de polémica en torno a la causa judicial que investiga un hecho de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en 2018 en el barrio INTA, departamento Valle Viejo. En las últimas horas, Emanuel Agüero —uno de los dos acusados en el expediente— radicó una denuncia ante la Unidad Judicial N° 4 contra la joven víctima, acusándola por presuntas amenazas y daños tras un incidente acontecido en su domicilio. La presentación derivó en el arresto preventivo de la mujer, medida que fue revocada cerca del mediodía sin que se formularan imputaciones en su contra. Tras recuperar la libertad, la joven presentó a su vez una contra denuncia contra el acusado, expediente en el que tomó intervención el fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta.
El arresto de la víctima provocó una inmediata reacción de indignación en redes sociales, donde se convocó activamente a una movilización en reclamo de justicia y en respaldo a la joven. La medida de protesta fue desestimada al confirmarse su posterior liberación, aunque reflejó el descontento social generado por el contexto de fondo que rodea al expediente: un proceso judicial que acumula ocho años de tramitación sin una sentencia firme, salpicado por dilaciones e irregularidades que derivaron en dos condenas previamente anuladas por la Corte de Justicia de la Provincia.
La causa principal se remonta a julio de 2018. En mayo de 2023, la Cámara Penal condenó a 10 años de prisión a Agüero y a un segundo imputado de apellido Leiva. No obstante, en mayo de 2024 la Sala Penal de la Corte de Justicia anuló la sentencia al advertir que el fallo carecía de una fundamentación objetiva y técnica. El expediente regresó al mismo tribunal, que reeditó la condena con idéntica pena, lo que provocó una segunda anulación en mayo de 2025 por violación a la garantía de imparcialidad, disponiéndose la remisión a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación.
Tras constantes reclamos de la víctima —quien en junio pasado llegó a encadenarse en los pasillos de los Tribunales para exigir celeridad—, el debate oral ingresó en su etapa final. En la audiencia realizada el pasado 15 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal y la querella ratificaron sus peticiones de condena, mientras que las defensas técnicas de ambos procesados solicitaron la absolución. El tribunal, integrado por los jueces Miguel Lozano Gilyam, Silvio Martoccia y Luis Guillamondegui, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 24 de septiembre, jornada en la que se ofrecerá la última palabra a los imputados y a la víctima antes de que el cuerpo deliberativo emita su veredicto.
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