El gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, se refirió públicamente al conflicto sociopolítico desatado por la radicación de la Zona Franca en el departamento Tinogasta y descartó de plano la posibilidad de modificar el emplazamiento original del proyecto. En medio de los crecientes reclamos y movilizaciones impulsadas por vecinos, cámaras empresariales y representantes institucionales de Fiambalá —quienes exigen el traslado de la sede a su jurisdicción—, el mandatario ratificó que el polo aduanero e industrial central se construirá inexorablemente en el distrito tinogasteño de Santa Rosa, tal como lo estipula el texto del convenio rubricado con la Nación.
Las declaraciones del jefe de Estado provincial se produjeron en el marco de una recorrida de supervisión por las obras de infraestructura hídrica que ejecuta la empresa estatal Aguas de Catamarca, orientadas a optimizar el abastecimiento del sector productivo en Nueva Coneta. En ese contexto, Jalil anticipó que este martes emprenderá un viaje hacia la cabecera departamental de Tinogasta para cumplir con una nutrida agenda oficial, la cual incluirá encuentros clave con los sectores mercantiles de la región. "Quiero decirle a la gente que nos vamos a juntar con las Cámaras de Comercio", adelantó el Gobernador, buscando canalizar mediante el diálogo institucional la tensión territorial generada por la disputa del predio.
Al defender la decisión del Poder Ejecutivo y del proyecto legislativo en curso, el mandatario argumentó motivos históricos insoslayables para sostener la localización de la obra en su sitio previsto. "No se puede mover ya la Zona Franca, porque nació ahí hace 30 años", sentenció. No obstante, frente a la fuerte presión social y el requerimiento constante de la comunidad fiambalense, el Gobernador habilitó una alternativa administrativa a futuro para descomprimir el reclamo: "Sí se puede pedir una extensión. Así que eso primero hay que empezar con Tinogasta y después se puede pedir una extensión de la Zona Franca, tal vez a Fiambalá u otros lugares", explicó.
El pronunciamiento gubernamental tiene lugar en un momento de alta sensibilidad legislativa, apenas horas después de que las Fuerzas Vivas de Fiambalá, en conjunto con organizaciones intermedias y las cámaras de Turismo, Económica y de Proveedores Mineros, formalizaran un pedido de audiencia urgente en la Cámara de Diputados. Dicha solicitud apunta a intervenir en las comisiones que analizan el anteproyecto —el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores— para exigir que se contemple a Fiambalá. Los sectores locales fundamentan su postura en la ubicación estratégica del Paso Internacional San Francisco y la creciente actividad logística derivada de los proyectos mineros que operan en esa jurisdicción del oeste catamarqueño.
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