Con más de 18 años de trayectoria ininterrumpida en el sistema educativo provincial, la docente Corina Díaz hizo pública una severa denuncia sobre presuntas irregularidades y trato discriminatorio en el marco del proceso de titularización masiva regulado por el Decreto N° 336. De acuerdo con el planteo de la educadora, el Ministerio de Educación y los organismos administrativos están otorgando prioridad a las gestiones canalizadas de forma colectiva por los gremios docentes, relegando a los profesionales que ejercen su derecho de no encontrarse afiliados a ninguna estructura sindical.
Díaz explicó que la controversia se profundizó tras la difusión de mensajes promocionales por parte de distintas entidades gremiales bajo consignas como “Nosotros gestionamos, vos titularizás”, lo que a su criterio evidencia un manejo parcial e inequitativo de los trámites públicos. La docente remarcó que presentó la totalidad de la documentación requerida en tiempo y forma el pasado 21 de abril, pero desde entonces enfrenta constantes trabas e incertidumbre. “Nos están mandando un mensaje de 'afiliate o esperá'. El logro de la titularización no es de un gremio, es de todos los docentes”, cuestionó, señalando que la Constitución garantiza la igualdad de derechos para educadores agremiados y no agremiados.
La situación administrativa devino en un cuadro de gravedad médica el pasado 8 de septiembre. Durante una de sus habituales gestiones en las oficinas de Recursos Humanos ubicadas en el Pabellón 20 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), la docente —quien padece epilepsia como secuela de un meningioma— sufrió una crisis convulsiva clónico-tónica producto del destrato y las demoras para el sellado y asignación de número de expediente a sus notas. Ante la emergencia, debió ser asistida en el lugar por personal del SAME y derivada de urgencia al Hospital San Juan Bautista.
Frente a estos hechos, la educadora solicitó la intervención urgente del gobernador Raúl Jalil y de las autoridades de la cartera educativa para garantizar la transparencia del trámite y resguardar su estabilidad laboral. Asimismo, requirió formalmente la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Pabellón 20 como prueba del hecho, al tiempo que exigió el estricto cumplimiento de la Ley de Epilepsia, el respeto por las garantías constitucionales y condiciones dignas para el ejercicio de la función pública.
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