El Gobierno nacional, a través del secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, recomendó a las autoridades provinciales y referentes territoriales avanzar formalmente con la tramitación administrativa para la instalación de la Zona Franca en Tinogasta. Según la definición adoptada durante una reunión de trabajo mantenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez que la sede central tinogasteña quede operativamente habilitada, se activará de manera automática la extensión del beneficio fiscal e industrial hacia el municipio de Fiambalá.
Del encuentro en la Capital Federal participó una comitiva institucional integrada por el vicegobernador Rubén Dusso; el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda; el diputado nacional Sebastián Nóblega; la senadora departamental Pamela López; y los dirigentes Mario “Baby” Quintar y Jorge Tejada, en representación de la comisión de vecinos fiambalenses. La determinación técnica de la Nación destrabó la secuencia procedimental exigida por la normativa regulatoria, garantizando que ambas comunidades del oeste catamarqueño queden incorporadas bajo el mismo esquema de incentivos comerciales.
En paralelo, el gobernador Raúl Jalil analizó la resolución y remarcó la importancia de consolidar la inclusión de Fiambalá dentro del circuito económico que impulsará el emplazamiento. El mandatario valoró el debate sobre la participación de los proveedores mineros locales y sostuvo que la agenda regional exige superar las disputas de localización para concentrar los esfuerzos en integrar a las empresas, comercios y trabajadores de la zona dentro del nuevo modelo de desarrollo productivo.
Pese al entendimiento alcanzado en las oficinas nacionales, la gestión del conflicto generó contundentes cuestionamientos en el arco opositor. El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Francisco Monti, criticó la conducción del proceso por parte del Ejecutivo provincial, al considerar que la tensión social generada en el departamento responde a "picardías" e improvisaciones en la formulación del proyecto original. Según el legislador, la falta de previsión institucional derivó en un desgaste comunitario que se podría haber evitado con reglas claras desde el inicio.
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