Los gobernadores de las distintas provincias argentinas mantendrán una cumbre institucional el próximo 16 de octubre en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien la convocatoria oficial responde formalmente a una jornada de trabajo sobre logística regional, la cita servirá como escenario para consolidar un frente de negociación unificado ante el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las tratativas que conduce el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La principal inquietud de las administraciones subnacionales radica en la composición de la grilla de recursos trazada por el Palacio de Hacienda. Aunque el proyecto oficial proyecta un incremento del 7,5% real en el flujo de transferencias automáticas por coparticipación, las planillas contemplan un derrumbe del 20% en las partidas destinadas a gastos de capital e infraestructura de obras públicas. En paralelo, los equipos técnicos provinciales observan con reparos el monto fijado para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —estimado en 1,9 billones de pesos—, debido a la ausencia de mecanismos reglamentados de distribución y la persistencia de criterios de asignación discrecional por parte del Poder Ejecutivo.
En el plano político, las discusiones en torno al presupuesto se encuentran estrechamente vinculadas con el proyecto de reforma electoral impulsado por la bancada oficialista en el Parlamento. Respecto de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la fuerza de Gobierno no cuenta actualmente con los votos necesarios para concretar la eliminación definitiva del esquema, aunque la postura de las provincias abre la posibilidad de consensuar un proyecto alternativo centrado en la suspensión temporal de la contienda previa.
El encuentro en el CFI se concretará tras el antecedente reciente registrado en la Cámara de Diputados, donde la presión conjunta de las provincias forzó a la Casa Rosada a dar marcha atrás con las modificaciones presupuestarias que afectaban las prestaciones por discapacidad y a sostener los artículos centrales de la prórroga de la emergencia del sector. Con esa referencia, los mandatarios buscarán establecer límites precisos entre las partidas que quedarán blindadas por norma legal y aquellas sujetas a la discrecionalidad política del Gabinete nacional.
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