El exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, presentó ante la Justicia federal una serie de informes de auditoría que documentan un esquema de sobreprecios sistemáticos en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos durante la gestión de Diego Spagnuolo. Las actuaciones judiciales, surgidas tras la revisión de más de 500 expedientes administrativos, señalan que el organismo pagó valores hasta 20 veces superiores a las tarifas de referencia utilizadas por el PAMI, adjudicando contrataciones directas sin compulsas ni licitaciones previas por un monto global que supera los 25.000 millones de pesos a un grupo de nueve empresas proveedoras.
Entre las maniobras documentadas por la auditoría interna iniciada en agosto de 2025 se destaca el caso de la firma Farma Salud, que cobró un sistema de válvulas transcatéter por 425 millones de pesos, frente a una prestación equivalente adjudicada por el PAMI en 124,2 millones. En el mismo rubro, una válvula pulmonar autoexpandible le costó a la agencia 295,1 millones de pesos frente a los 36,4 millones abonados por la obra social de los jubilados, mientras que una silla de ruedas estándar de acero fue facturada en 11,5 millones de pesos, un valor que contrasta con el precio de mercado local, inferior a los 500.000 pesos.
Las pesquisas sacaron a la luz además severas anomalías procedimentales, tales como la liquidación por duplicado de una factura a la firma Indecomm por 28,7 millones de pesos y la presunta simulación de competencia entre las proveedoras Artrobone e Imnova, las cuales compartían domicilio fiscal y cuyos titulares mantenían un vínculo familiar directo. En forma paralela, los cruces de datos con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) detectaron graves inconsistencias en el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, identificando a 114 beneficiarios privados de la libertad y a 178.254 titulares fallecidos.
Pese al descargo formulado por los allegados a Spagnuolo —quienes deslindaron responsabilidades directas en la adjudicación y argumentaron las particularidades técnicas de los expedientes de emergencia—, la Cámara Federal confirmó los procesamientos del exdirector ejecutivo y de otros 18 imputados en la causa. Las conclusiones de las auditorías correspondientes a octubre, diciembre y abril pasados ya obran en poder del juzgado federal que instruye la causa por el presunto cobro de coimas y maniobras defraudatorias en el organismo.
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