La Justicia Federal de Catamarca confirmo la elevacion a juicio oral de la causa RT Inversiones, una de las investigaciones por estafas financieras mas importantes en la historia judicial de la provincia. En el banquillo estaran Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico Bulacio, su esposa Alicia Estela Nieva y otros ocho imputados por los delitos de intermediacion financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociacion ilicita.
La decision fue impulsada por el fiscal federal Rafael Vehils, quien pidio el cierre de la investigacion y el pase al Tribunal Oral Federal. La resolucion fue confirmada por el juez federal subrogante Sebastian Argibay, oriundo de Santiago del Estero, que quedo a cargo del expediente tras la inhibicion del juez Miguel Angel Contreras. Todos los acusados se encuentran en libertad desde fines del año pasado.
En la resolucion el magistrado remarco que estamos en presencia de una de las causas mas importantes de la historia judicial de la provincia de Catamarca, con numerosos hechos, una frase similar a la que habia utilizado Contreras al referirse a la causa de Adhemar Capital, de Edgar Adhemar Bacchiani. RT Inversiones fue justamente la segunda financiera que cayo en la lupa de la Justicia despues de la desarticulacion de Adhemar Capital.
La cronologia marca que Bacchiani y sus laderos fueron detenidos el 22 de abril de 2022. Semanas despues, el 11 de mayo de 2022, ocurrio lo mismo con Bulacio y sus socios. La financiera operaba en pleno centro catamarqueño, en calle Rivadavia al 500, con locales a la calle y fuerte publicidad que aparentaba total legalidad.
Segun la investigacion judicial, el modus operandi de RT Inversiones fue identico al empleado por Adhemar Capital. La firma no contaba con autorizacion del Banco Central de la Republica Argentina ni de la Comision Nacional de Valores para captar ahorro publico, pero atraia a los ahorristas con promesas de rentabilidades extraordinarias de hasta el 20 por ciento mensual.
Los clientes entregaban pesos y dolares en efectivo y firmaban un contrato que supuestamente respaldaba operaciones de trading y criptomonedas. Sin embargo, la Justicia determino que se trataba de un esquema Ponzi, ya que los intereses se pagaban exclusivamente con el dinero que aportaban los nuevos inversores.
Para borrar el rastro del dinero, los lideres de la firma trasladaban el efectivo y lo convertian en criptoactivos, maniobra que para la fiscalia constituye lavado de activos. Durante la investigacion surgio un dato clave: la empresa habria contado con casi 60 millones de dolares disponibles para responder a sus acreedores al momento de desplomarse en mayo de 2022, fondos que no aparecieron.
La causa ahora quedo en manos del Tribunal Oral Federal que debera fijar fecha para el inicio del debate oral y publico.
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