La Justicia Federal confirmó la elevación a juicio de la causa contra los responsables de la empresa RT Inversiones, uno de los expedientes por estafas piramidales de mayor envergadura en la historia judicial de Catamarca. La medida dictada por el juez subrogante Sebastián Argibay, a instancias del fiscal federal Rafael Vehils, alcanza al propietario de la firma, Edgardo Edmundo Bulacio, a su hijo Edgardo Federico y a su esposa Alicia Estela Nieva, junto a otros ocho colaboradores. La acusación formal abarca los delitos de intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
Según la instrucción penal, la financiera que operaba en la céntrica calle Rivadavia al 500 captaba ahorros del público bajo la promesa de rentabilidades extraordinarias de hasta el 20% mensual mediante supuestas operaciones de trading con criptomonedas. Sin embargo, la estructura carecía de la autorización del Banco Central (BCRA) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), funcionando como un esquema Ponzi en el que los dividendos se abonaban exclusivamente con las erogaciones de los nuevos clientes. Para blanquear el dinero, los cabecillas trasladaban efectivo hacia Tucumán para adquirir activos digitales que luego distribuían en múltiples billeteras virtuales.
El entramado colapsó definitivamente a comienzos de 2022 tras el estallido del caso Adhemar Capital, lo que desencadenó una corrida masiva de inversores y la interrupción de la cadena de pagos. Pese a las maniobras para dilatar el quiebre y los compromisos de reestructuración incumplidos, la sede comercial cerró sus puertas y la Justicia ordenó la detención de los implicados en mayo de ese año. Estimaciones volcadas en el expediente señalan que la firma llegó a disponer de cerca de 60 millones de dólares al momento de la cesación de pagos.
Con la resolución firme, la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca a la espera de la fijación de la fecha para el debate oral y público. Los principales involucrados, que permanecen en libertad procesal desde fines del año pasado, afrontarán el juzgamiento bajo distintas figuras legales que van desde la coautoría principal en la organización criminal hasta la participación secundaria en las maniobras defraudatorias.
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